Comunicado de la REPAM ante las noticias sobre la masacre de indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del rio Jandiatuba, Vale do Javari, Brasil
Digamos NO a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Papa Francisco, Santa Cruz de la Sierra. 09/07/2015
La Red Eclesial Panamazónica-REPAM, instancia de la Iglesia que congrega a instituciones y actores eclesiales presentes en la cuenca amazónica (agentes de pastoral, comunidades de base, religiosos/as, instituciones, equipos especializados y obispos) con el objetivo de acompañar a comunidades indígenas y campesinas en la Panamazonía en la defensa de su identidad, vida y territorio, manifiesta públicamente su dolor, indignación y fuerte repulsa ante las informaciones de una posible masacre perpetrada en el mes de agosto contra miembros de un pueblo indígena en aislamiento voluntario en el río Jandiatuba (São Paulo de Olivença-AM), región del Vale do Javari, próxima a la frontera entre Brasil y Perú. Según fuentes no oficiales, hasta 20 personas del pueblo indígena conocido como “flecheiros” podrían haber sido asesinados en un ataque llevado a cabo por un grupo de garimpeiros o buscadores de oro que operaban ilegalmente en la zona. Esta denuncia es objeto de investigación por parte de las autoridades brasileñas.
La región amazónica cuenta con el mayor registro de grupos indígenas en situación de aislamiento voluntario, localizados principalmente en la región fronteriza entre Brasil y Perú. Arrinconados por el avance de las fronteras económicas sobre los territorios que habitan, la mayor parte de estos pueblos optaron por controlar o evitar el contacto con la sociedad envolvente después de experiencias traumáticas y de extrema violencia. Solamente en la Tierra Indígena del Vale do Javari se cuenta con más de 14 registros de grupos aislados.
A pesar de ello, la presencia de madereros, pescadores ilegales y garimpeiros dentro de esta Tierra Indígena y a lo largo de la cuenca del río Jandiatuba es permanente, suponiendo una grave amenaza para la vida y la integridad física de los pueblos indígenas que allí habitan. De confirmarse la veracidad de la masacre, se trataría claramente de muertes que pudieron y debieron ser evitadas, lo que responsabiliza directamente al Estado brasileño por su falta de determinación y su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. La presencia de grupos ilegales en la región venía siendo denunciada hace tiempo y afectaba tanto a la Tierra Indígena Vale do Javari, ya homologada, como a otros territorios reivindicados por comunidades indígenas y sobre los cuales el Estado no ha iniciado hasta la fecha ningún procedimiento de reconocimiento. Tampoco las denuncias fueron atendidas por las autoridades.
Precisamente en estos días estamos celebrando el décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicha Declaración se suma al Convenio nº 169 de la OIT para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, a la libre determinación y a ser consultados siempre, de forma previa, libre e informada, cuando emprendimientos puedan afectar su vida y la integridad de los espacios que habitan. En 2016, la Organización de los Estados Americanos-OEA incorporó a los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, haciendo mención explícita esta vez a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Estos tres instrumentos, articulados con otros Tratados, Pactos, Convenios y Mecanismos de Derechos Humanos, consolidan un marco sólido para la garantía de los derechos de estos pueblos y la definición de responsabilidades de los Estados.
Brasil es signatario de todos estos instrumentos internacionales que le confieren obligaciones irrecusables. Sin embargo, el país está viviendo en los últimos años un gravísimo retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Iniciativas legislativas circulan por el Congreso Nacional y el Gobierno Federal con la evidente intención de reducir, limitar, condicionar o anular derechos de estos pueblos que ya están recogidos en la propia Constitución Federal. La ralentización de los procesos demarcatorios, los intentos de reducción de territorios ya homologados en beneficio de intereses económicos particulares y de grupos de poder para emprendimientos extractivos (como el reciente caso de la RENCA), la permisividad ante la ocupación ilegal de tierras indígenas y el desmantelamiento de los órganos públicos competentes – como es el caso de la FUNAI, instancia formal del gobierno de Brasil destinada a atender y precautelar todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas – son algunos de los elementos que caracterizan la relación actual del Estado brasileño con los pueblos indígenas. Esta política de retroceso y omisión es directamente responsable por el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas y por hechos gravísimos como la posible masacre que ahora está siendo investigada y que representaría un caso de genocidio. Necesitamos decir ¡Basta!. Unimos nuestra voz a la de los pueblos Amazónicos exigiendo que el Estado brasileño apure con celeridad las circunstancias en las que se habría producido este acto de profunda violencia e implemente medidas inmediatas para proteger la vida y el territorio de los pueblos indígenas de Vale do Javarí; que dé curso a los procedimientos administrativos para el reconocimiento de las tierras reivindicadas por comunidades indígenas en la cuenca del río Jandiatuba; que proceda a la retirada definitiva de los garimpos que continúan ocupando ilegalmente esta y otras muchas tierras indígenas del país, como es también el caso de la TI Yanomami; que abandone la política de retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, renunciando definitivamente al curso de la PEC215 y del PL1610 y revocando inmediatamente el Parecer 001/2007 de la Advocacia Geral da União-AGU; y que cumpla, escrupulosamente, con las obligaciones que le confieren la propia Constitución Federal y los instrumentos de derecho internacional de los cuales es signatario.
Hacemos un llamamiento a los Estados nacionales que hacen parte de la cuenca amazónica para que asuman el compromiso ineludible de buscar caminos efectivos y claros de cooperación regional que tengan como objetivo la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y, particularmente, de aquellos que se encuentran en situación de aislamiento voluntario, considerando para eso las realidades de frontera.
Por último, exhortamos a todas las personas de buena fe, a las comunidades eclesiales, las organizaciones sociales y toda la sociedad civil a manifestar nuestro firme rechazo ante esta nueva masacre y mantener una actitud inalterable de defensa de la vida y exigibilidad de los derechos humanos.
Presidencia, Vice-presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comité Coordinador
Internacional de la Red Eclesial Panamazónica –REPAM-
Septiembre de 2017
